“Primero la familia”. La familia es el elemento natural y fundante de la sociedad y como tal, debe ser sujeto de las políticas de estado para su promoción y protección integral. En el intento de ofrecer ayuda, ninguna instancia superior debe arrebatar a la familia los deberes que le son propios, como por ejemplo el de la educación. Creemos que tanto la familia como la Patria, deben ser defendidas de toda ideología que quiera imponerse: ni la cultura del descarte, ni la ideología de género; ni el individualismo egoísta que mira al costado en los problemas ajenos, ni el estatismo asistencialista que promueven los populistas empobreciendo a la sociedad. Creemos que la Patria como herencia, es un tesoro a preservar. Nuestra riqueza cultural, del norte al sur y del este al oeste, es un regalo: nuestra historia, nuestros próceres, las tradiciones. La Patria nos une, nos llama a pertenecer y nos invita a velar por el bien común, nos convoca a construir la Nación.

Creemos y sostenemos que la educación y el trabajo dignifican a las personas y por lo tanto aportan los cimientos que construyen una sociedad más digna, solidaria, desarrollada, equitativa. Abogamos por una educación integral que forme a la persona en todas sus dimensiones. El sistema educativo debe brindar oportunidades de progreso personal y social, pero desde un punto de vista humanista y no a través de ideologías. Los docentes deben ser conscientes, desde el inicio de su formación, que su tarea no es sólo profesional o vocacional, sino también esencial. La cultura del «paro docente» hace un daño muy profundo al sistema educativo. El trabajo, junto con la educación, son las únicas fuentes de riqueza y verdaderas armas contra la pobreza. Los derechos de los trabajadores no pueden estar a merced de ningún tipo de corrupción política, empresarial o sindical. Hay que promover el empleo calificado y con miras al futuro que nos avecina. La cultura del asistencialismo nos quiebra como sociedad y pone al Gobierno en un lugar que no le corresponde. Hay que promover una cultura del trabajo, junto con los medios para generar un mayor empleo privado, formal y calificado para competir en el mundo que se avecina.Pero ello no es suficiente para garantizar la justicia. Hace falta también la división y equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para evitar el abuso de poder y la corrupción de la política y la clase dirigente. La transparencia de los funcionarios y la gestión gubernamental, para volver más eficiente la administración y evitar la malversación de fondos públicos. Y el respeto de la autonomía de todas las entidades de esa condición -como el Banco Central, y las Universidades-, herramienta eficaz para el bien común.